Su Despacho de Referencia para Operaciones Legales en Latinoamérica

La marca española (OEPM) protege exclusivamente en España. La marca comunitaria (EUIPO) protege en los 27 estados miembros de la UE, pero no en LATAM. Para proteger una marca en México necesita registro ante IMPI, en Colombia ante SIC, en Brasil ante INPI, en Argentina ante INPI AR, en Chile ante INAPI y en Perú ante Indecopi. Cada registro es independiente, con sus propios plazos, tasas y procedimientos. Coordinamos la estrategia global de marcas desde Madrid, usando el Protocolo de Madrid (OMPI) cuando es eficiente.

El problema más frecuente es la falta de registro preventivo: la empresa española registra su marca en España y empieza a operar en LATAM sin haber registrado en los países destino. Esto permite que terceros registren la misma marca antes que el titular legítimo ('pirates' de marca, conocidos en LATAM como 'piratas de marcas'). Una vez registradas por terceros, recuperar la marca es costoso y puede tardar años. La estrategia correcta es registrar en LATAM antes de entrar al mercado, no después.

Los contratos de distribución en LATAM deben incluir: (1) territorio exclusivo claramente definido; (2) estándares de calidad y cumplimiento de imagen de marca, con derecho de auditoría; (3) objetivos de ventas mínimas con consecuencias claras por incumplimiento; (4) cláusulas de terminación que protejan al distribuidor principal ante causas justificadas; (5) régimen de propiedad de PI (la marca siempre pertenece a la empresa española, nunca al distribuidor); (6) ley aplicable y foro de resolución de disputas (arbitraje ICC con sede en Madrid). En muchos países LATAM, los distribuidores establecidos tienen protecciones legales por ley que dificultan la terminación, por lo que las cláusulas deben ser muy precisas.

El GDPR aplica al tratamiento de datos de personas físicas que se encuentren en la UE en el momento del tratamiento, independientemente de su nacionalidad. Para una empresa española que vende a consumidores en LATAM (que se encuentran en sus países de origen, fuera de la UE), el GDPR no aplica directamente a esos datos. Sin embargo, si la empresa española trata datos de latinoamericanos que se encuentran en España o la UE (turistas, residentes), el GDPR sí aplica. Asesoramos sobre cómo estructurar las bases jurídicas del tratamiento y las políticas de privacidad multi-jurisdiccionales.

El arbitraje CCI (Cámara de Comercio Internacional, con sede en París) es el mecanismo más utilizado para resolver disputas comerciales internacionales. Para disputas España-LATAM, es preferible a los tribunales locales porque: es neutral para ambas partes, los laudos son ejecutables en más de 160 países bajo el Convenio de Nueva York, los árbitros son especialistas en la materia, y el proceso puede desarrollarse en español. Las cláusulas ICC con sede en Madrid son una opción muy utilizada por empresas españolas con contratos en LATAM.

Los sectores españoles con mayor presencia en LATAM son: servicios financieros (Santander y BBVA son líderes en banca retail en México, Argentina, Chile, Colombia y otros países; Mapfre en seguros), telecomunicaciones (Telefónica/Movistar es el operador de telecomunicaciones más grande en varios países LATAM), energía (Repsol, Iberdrola, Naturgy, Acciona en renovables), infraestructura y concesiones (ACS, Ferrovial, Acciona, OHL en carreteras, aeropuertos y agua), retail (Inditex/Zara, Mango), hostelería y turismo (Meliá, NH Hotels, Barceló), y construcción.

Centralizamos la gestión de PI desde Madrid: mantenemos un registro único de toda la cartera de marcas y patentes (España, UE, LATAM), coordinamos los calendarios de renovación en cada jurisdicción, gestionamos las comunicaciones con los abogados locales en cada país LATAM, y alertamos proactivamente sobre vencimientos o posibles infracciones. Para la vigilancia de marcas en LATAM, usamos sistemas de monitoreo que detectan solicitudes similares en todas las jurisdicciones relevantes. El cliente tiene un solo interlocutor en Madrid para toda la cartera global.

Para procedimientos que requieren presencia local —registro ante oficinas nacionales, procedimientos ante tribunales, notarización— sí se necesitan abogados locales. Pero no es necesario gestionar relaciones directas con cada despacho local. A2 actúa como su interlocutor central en Madrid y coordina con abogados locales de confianza en cada país cuando es necesario. Esto reduce costes, mejora la consistencia de la estrategia y simplifica la comunicación para el cliente español.