Constitución y Gobierno de Startups y Scale-ups

La Sociedad Limitada (SL) es la más habitual por su capital mínimo de 3.000€, flexibilidad en estatutos y régimen fiscal favorable. Para startups con inversores internacionales, puede ser necesario valorar una estructura holding.

Es un contrato privado entre los socios que regula aspectos no cubiertos por los estatutos: vesting, cláusulas de salida, derechos de información, voto y anti-dilución. Es esencial para evitar conflictos y facilitar rondas de inversión.

El vesting establece que las participaciones de los fundadores se consolidan progresivamente (normalmente en 4 años con 1 año de cliff). Si un fundador abandona antes del cliff, pierde sus participaciones no consolidadas.

Antes de cualquier ronda de inversión. El data room debe contener escrituras, pactos de socios, contratos clave, documentación fiscal, laboral y de propiedad intelectual. Recomendamos tenerlo preparado con al menos 2-3 meses de antelación. Los inversores valoran especialmente la estrategia en propiedad intelectual e industrial protegida.

Es un proceso de revisión exhaustiva de todos los aspectos legales de la empresa antes de una inversión o adquisición. Incluye análisis de constitución, contratos, propiedad intelectual, litigios, cumplimiento normativo y riesgos laborales y fiscales.

Es fundamental registrar marcas, patentes y software desde el inicio. Además, debes implementar acuerdos de confidencialidad con empleados y proveedores, y asegurar la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual mediante contratos adecuados. Visita nuestro servicio completo de propiedad intelectual para una guía detallada.

Las cláusulas esenciales son: vesting de fundadores, good/bad leaver, derechos de veto para inversores, drag-along/tag-along, anti-dilución, preferencias de liquidación y mecanismos de resolución de disputas.

Desde las primeras etapas para atraer y retener talento clave. Un plan bien estructurado permite alinear intereses de empleados con los de la compañía y es fundamental para competir por talento tecnológico.

Los SAFEs y convertibles son instrumentos de inversión que se convierten en acciones en rondas futuras (generalmente con descuento). Las acciones son participación directa desde el inicio. La elección depende de la etapa y complejidad de la operación.

La Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes ofrece beneficios como: tipo reducido del 15% en el Impuesto de Sociedades durante 4 años, mejora fiscal de stock options (exención hasta 50.000€/año), visado para emprendedores e inversores extranjeros, y agilización de la constitución.

No hay una fórmula única, pero los factores clave son: contribución de cada fundador (idea, capital, dedicación, experiencia), vesting con cliff para proteger a los que se quedan, reserva de un pool de equity para empleados (10-20%), y pacto de socios que regule qué pasa si un fundador abandona. Un error frecuente es repartir al 50/50 sin pacto de socios, lo que genera bloqueos en decisiones.

Un Employee Stock Option Plan (ESOP) es un plan que permite a los empleados adquirir participaciones de la empresa a un precio fijo (strike price) si cumplen determinadas condiciones (vesting). En España, la Ley de Startups mejora la fiscalidad: las stock options están exentas hasta 50.000€/año en empresas emergentes certificadas. El plan debe definir: elegibilidad, vesting schedule, strike price, y condiciones de ejercicio.

Las cláusulas anti-dilución protegen a inversores frente a rondas futuras a menor valoración (down rounds). Las más comunes son: full ratchet (ajuste total al nuevo precio, muy agresiva) y weighted average (ajuste ponderado, más equilibrada). Para fundadores, es importante negociar una weighted average broad-based, que es la menos dilutiva y el estándar del mercado.

Sí, es altamente recomendable. Aunque el term sheet no suele ser vinculante (excepto cláusulas de exclusividad y confidencialidad), establece los términos fundamentales de la inversión que luego se plasmarán en documentos vinculantes. Errores en esta fase — como aceptar una liquidation preference participativa o una anti-dilución full ratchet sin entenderla — son muy difíciles de corregir después.

Es el derecho del inversor a recuperar su inversión antes que los fundadores en un evento de liquidez (venta, liquidación). Puede ser: no participativa (el inversor elige entre su preferencia o su porcentaje pro rata), o participativa (cobra primero su preferencia y luego participa en el reparto restante). La participativa es mucho más costosa para fundadores y debería evitarse si es posible.

Los errores más frecuentes son: no firmar pacto de socios antes de constituir, no asignar vesting a los fundadores, no proteger la propiedad intelectual (especialmente contratos con desarrolladores), repartir equity sin planificar futuras rondas, no separar la PI personal de la societaria, estatutos genéricos sin adaptación a startups, y no reservar un pool de equity para empleados desde el inicio.

Si tus inversores son de EE.UU. o UK, pueden preferir una estructura holding: una sociedad matriz en Delaware o UK que posea una SL española operativa. Esto facilita la inversión en su jurisdicción familiar. Para inversores europeos, una SL española directa suele ser suficiente. La elección depende del origen de los inversores, la estrategia de exit, y las implicaciones fiscales.

Los administradores tienen deberes de diligencia, lealtad y evitar conflictos de interés. Deben: formular y aprobar cuentas anuales, convocar juntas, custodiar la documentación societaria, y cumplir con las obligaciones fiscales y mercantiles. así como vigilar el patrimonio neto de la sociedad. El incumplimiento puede generar responsabilidad personal.

Es necesaria cuando: entra un nuevo inversor (la forma más habitual), se convierten notas convertibles o SAFEs, se ejecutan stock options, o se necesita reforzar el patrimonio neto. El proceso requiere: acuerdo de junta, escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil, y comunicación a Hacienda. En startups es habitual realizar ampliaciones con prima de emisión que refleje la valoración post-money.

Es un sistema de prevención de delitos corporativos (Ley Orgánica 1/2015) que puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa. Aunque no es obligatorio para startups pequeñas, es recomendable cuando: alcanzas cierto tamaño (>25 empleados), gestionas datos sensibles, operas en sectores regulados, o te preparas para una ronda Series A+. Los inversores valoran tener un programa de compliance implementado.